Carpe Diem
Manolo Victorio
La mujer del César… y la honestidad de los próximos candidatos
La propuesta de reforma electoral impulsada desde Morena por Ricardo Monreal para «blindar» las elecciones de 2027 contra la infiltración del narcotráfico tiene algo de confesión involuntaria y mucho de ironía política. Porque si el oficialismo hoy plantea crear filtros especiales para impedir que el crimen organizado coloque candidatos en las boletas, entonces reconoce implícitamente que el fenómeno ya rebasó al Estado mexicano.
Y ése es el verdadero fondo del debate.
La mujer del César no sólo debe ser honesta…sino parecerlo.
El zacatecano Monreal defendió la creación de una comisión de verificación de candidaturas para impedir la participación de personajes ligados al narcotráfico. La iniciativa surge en medio de un ambiente nacional enrarecido por los señalamientos de Washington contra políticos mexicanos, en particular, la acusación que hizo un juez de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien acusan de ser parte del entramado de «Los Chapitos», quienes habrían financiado su campaña y coartado a los candidatos de la oposición.
La gente percibe que el dinero ilícito dejó de financiar campañas aisladas para convertirse en un actor estructural del poder. El narco dejó de actuar a la sombra y ha postulado legisladores, alcaldes y gobernadores.
Pero la discusión raya en lo absurdo cuando se recuerda que los partidos políticos, desde siempre, están obligados moral y legalmente a postular ciudadanos con un «modo honesto de vivir».
Esta condición debería ser el filtro elemental. El primero. El indispensable. No tendría que existir una comisión especial para descubrir si un aspirante tiene vínculos criminales; bastaría con que PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, PT o Verde dejaran de convertir las candidaturas en franquicias electorales. Así de simple. Así de lógico.
México llegó al punto donde la honestidad ya no es requisito, sino sospecha.
Ahí está el caso de Rubén Rocha Moya. El gobernador con licencia de Sinaloa fue señalado por fiscales estadounidenses por presuntos vínculos con «Los Chapitos», en un expediente que, según documentos judiciales citados por medios internacionales, describe presuntos acuerdos políticos y apoyo criminal durante campañas electorales. Aunque el gobierno mexicano aclaró esta semana que no existe ficha roja de Interpol en su contra, el daño político ya está hecho.
En el extremo opuesto aparece la gobernadora panista Maru Campos, envuelta también en otra tormenta nacional tras la presencia de agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia en un operativo antinarco en Chihuahua. El desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio abrió una disputa feroz entre Morena y el PAN sobre soberanía, seguridad y cooperación internacional, pues dos agentes de la CIA de los cuatro que participaron en el operativo murieron en un accidente en la sierra Tarahumara.
Dos historias distintas. Dos visiones ideológicas enfrentadas. Pero un mismo telón de fondo: el narcotráfico instalado en el corazón de la conversación política mexicana. El narco como tema de la agenda reactiva de la Presidencia de la República.
Y mientras eso ocurre, el Instituto Nacional Electoral intenta quitarse de encima la responsabilidad de los candidatos inoculados por el narco en la elección del año próximo.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta advirtió que el INE no puede convertirse en «juez de la probidad» de los candidatos y que investigar posibles vínculos criminales corresponde a otras autoridades. El problema es que la Fiscalía pocas veces investiga a tiempo y los partidos casi nunca se autodepuran.
Entonces el ciudadano queda solo frente a la urna, obligado a elegir no al mejor candidato, sino al menos cuestionado, el menos manchado por el «sospechosismo» de ser parte del entramado criminal en la política practicante.
La tragedia mexicana consiste en que el país se acostumbró a la mediocridad política. A la simulación. A los candidatos maquillados con discursos de honestidad mientras detrás operan estructuras financieras oscuras, pactos regionales y dinero cuya procedencia nadie puede explicar. El narcotráfico ya no necesita irrumpir violentamente en la política; le basta financiarla.
Por eso resulta imposible ignorar la contradicción de Morena. El movimiento que llegó al poder prometiendo «no robar, no mentir y no traicionar» enfrenta hoy un desgaste acelerado, incluso reconocido por voces cercanas al oficialismo. La analista Viri Ríos advirtió recientemente que Morena «empieza a desgastarse» por los errores de sus propios gobiernos y por el deterioro de sus figuras locales.
Y las señales aparecen todos los días.
Esta misma semana, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones que permitirían a magistrados electorales mantenerse hasta 18 años en posiciones clave del Tribunal Electoral. La oposición acusa que Morena busca capturar políticamente los órganos que arbitrarán las elecciones futuras. El viejo gatopardismo mexicano: cambiar las leyes para que todo siga igual.
Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador observa desde el retiro cómo el movimiento que construyó comienza a fracturarse entre pragmatismo, ambiciones personales y desgaste de poder. Incluso Andy López Beltrán ya se mueve en la lógica de la sucesión y las candidaturas, confirmando que Morena empieza a parecerse peligrosamente a aquello que juró combatir.
Y así llegamos al absurdo nacional de 2026: discutir reformas para garantizar que los candidatos sean honestos.
Como si la honestidad fuera innovación legislativa y no requisito básico de cualquier democracia funcional.
México regresó al viejo aforismo romano: la mujer del César no sólo debe ser honesta; también debe parecerlo. El problema es que en la política mexicana contemporánea ya ni siquiera se esfuerzan por aparentarlo
Resulta casi tragicómico que ahora el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, proponga «blindar» las elecciones de 2027 para impedir que el narcotráfico postule candidatos. Como si el problema hubiera aparecido ayer. Como si los partidos políticos no estuvieran obligados, desde siempre, por requisito moral, a revisar el origen moral, patrimonial y político de quienes convierten en candidatos.
… de otro costal.
Cuando el calor soporífero del mediodía aceleraba el olor a chiles en vinagre que se procesaban en la chilera El Faro, los estudiantes asilados en El Castillo ubicado sobre la avenida 20 de noviembre esquina José Azueta solían tomar sombra en las viejas ceibas de la alameda Díaz Mirón.
El reportero, encargado de comprar pan de dulce en la panificadora Maroño, ubicada justo al lado de Chedraui, se sentaba en el frondoso de la ceiba petandra que se alzaba, ufana, orgullosa, fuerte, engreída, casi en la esquina de Paso y Troncoso.
Era la década de los 80.
Una historia de más de 150 años de resistencia y abrigo amigable al calor porteño se vinieron abajo cuando una veintena de leñadores municipales le metieron sierra debido a un hongo que la mataba por dentro.
Se murió la ceiba, sembrarán 10 mil árboles ornamentales más, promete la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo.
Quedará el recuerdo de este árbol noble que brindó sombra a muchos transeúntes porteños que se refugiaban del calor sofocante.
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