Juan David Castilla
La actualización de los indicadores de bienestar económico del INEGI correspondientes al primer trimestre de 2026 expuso que una parte sustancial de la población ocupada en Veracruz continúa enfrentando serias dificultades para cubrir el costo de la canasta alimentaria básica con sus ingresos salariales.
Este fenómeno de pobreza laboral sitúa a la entidad en un rezago frente al dinamismo mostrado por el norte del país, donde estados como Baja California y Baja California Sur registran los índices de vulnerabilidad por ingresos más bajos de la república, rozando apenas el 14.1 por ciento.
Especialistas en economía local advierten que el estancamiento de los salarios reales en Veracruz frena el impacto de la medición de la pobreza multidimensional, pues la capacidad del ingreso laboral de corto plazo se encuentra severamente mermada por factores inflacionarios regionales.
A pesar de que el informe de la ENOE destaca un crecimiento del ingreso en las desagregaciones por sexo y condición de formalidad a nivel general, las familias veracruzanas absorben un impacto diferenciado debido a la alta tasa de empleo informal que predomina en el sector de servicios y actividades primarias, obligando a las autoridades estatales a revisar las estrategias de atracción de inversión formal generadora de empleos de calidad.
El informe metodológico recalca que la pobreza laboral mide el porcentaje poblacional cuyo ingreso laboral per cápita es menor al valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos.
Al quedar Veracruz rezagado de los estados con mayores disminuciones anuales, como Morelos y Querétaro, y trimestrales, como San Luis Potosí y Oaxaca, se evidencia que la suma de esfuerzos institucionales aún es insuficiente para rescatar los quintiles de ingreso más desfavorecidos del territorio estatal, consolidando una brecha de vulnerabilidad alimentaria que requiere atención prioritaria.
