Juan David Castilla
Integrantes del colectivo «Unidas por Amor a nuestros Desaparecidos” y “Buscándonos nos encontramos Córdoba» denunciaron públicamente las condiciones de precariedad, hacinamiento y presunta revictimización a las que son sometidas por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), durante los traslados oficiales para realizar jornadas de búsqueda y difusión.
Olga Lidia Salazar, representante de la agrupación, externó el descontento del colectivo mientras se dirigían hacia las ciudades de Orizaba y Cardel para llevar a cabo actividades de volanteo y pega de fichas de personas desaparecidas.
De acuerdo con la activista, las autoridades les asignaron una unidad de transporte que resulta insuficiente y peligrosa para las necesidades del contingente.
«Nos mandaron en una camioneta tan pequeña que no trae ni cajuela. Nuestras maletas y materiales vienen como canicas, de un lado a otro, golpeándose o cayéndose. Vamos muy apretadas», acusó Olga Lidia Salazar, detallando que el equipaje incluye lonas, herramientas de fijación, herramientas de corte y megáfonos necesarios para las jornadas de dos días.
El colectivo señaló de manera directa a la doctora Namiko Matzumoto Benítez, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, y a la licenciada Tamara Gidi Velez, servidora pública de la Comisión Estatal de Búsqueda, como responsables de lo que consideran un trato punitivo y una respuesta personal en su contra.
Según explicaron, la asignación de este transporte inadecuado ocurre tras haberse negado a utilizar los servicios de una proveedora de transporte externa (denominada «Travel»), presuntamente vinculada a las funcionarias mencionadas.
Las buscadoras afirmaron que el personal de dicha empresa externa mostró conductas «groseras» y, de forma alarmante, disponía de datos confidenciales sobre los expedientes de las familias.
«El señor fue muy grosero, tenía información importante de las familias y él no tenía por qué saberla. Esa información el señor José Madrid la sacó de la Comisión Estatal de Víctimas, porque venía hablando de las víctimas y de sus desaparecidos», sostuvieron.
Para las integrantes de la organización, la postura de las dependencias constituye una falta de respeto y una violación a los principios bajo los cuales fueron creadas estas instituciones de apoyo.
