Redacción Hora Cero
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, se refirió a los señalamientos difundidos sobre una supuesta investigación de Estados Unidos en contra de la gobernadora Rocío Nahle García, relacionada con sus cuentas y patrimonio. Al respecto, sostuvo que en el PT defienden que las acusaciones por la vía de versiones mediáticas no pueden sustituir a las pruebas ni colocarse por encima de la verdad jurídica.
Aguilar Aguilar manifestó que debe prevalecer el principio de legalidad donde quien acusa está obligado a probar, añadiendo que la libertad de expresión debe respetarse pero no utilizarse para instalar sospechas, malinformar, afectar instituciones o sustituir hechos por especulaciones. Asimismo, señaló que Veracruz requiere un debate político serio e información verídica, ya que la verdad pública se acredita con hechos y se sostiene en la ley.
En el ámbito de la administración municipal, el dirigente consideró pertinentes los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por Miguel Reyes Hernández, para que los ayuntamientos transparenten sus pasivos y acrediten el estado real de sus haciendas públicas. Explicó que la rendición de cuentas es una obligación democrática frente al pueblo y que la autonomía municipal debe ejercerse con responsabilidad, no como pretexto para ocultar deudas que afecten a la ciudadanía. Advirtió que una mala administración de recursos en los municipios no solo impacta los balances contables, sino que pone en riesgo servicios esenciales como el agua, el alumbrado, la obra pública y la seguridad.
Respecto a la fiscalización y las declaraciones de la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, sobre que las órdenes de aprehensión por daño patrimonial corresponden a la Fiscalía General del Estado, Aguilar Aguilar instó a que cada institución asuma plenamente la responsabilidad que la ley le confiere. Afirmó que cuando existe presunto daño patrimonial está en juego el dinero destinado a las comunidades, por lo que es indispensable evitar que los recursos afectados queden atrapados en tiempos administrativos o respuestas incompletas.
Por otra parte, el coordinador del PT hizo un llamado a revisar con firmeza las prácticas de aseguradoras como Seguros Banorte y otras empresas del sector ante las quejas de usuarios por negativas de servicio, deducibles excesivos, trámites prolongados y condiciones restrictivas en los contratos. Sostuvo que estas compañías deben responder con claridad y responsabilidad, pues no se puede cobrar una póliza como protección y convertirla en un obstáculo para las familias en momentos de urgencia. Afirmó que la utilidad privada tiene límites cuando afecta la dignidad y que ningún interés económico debe colocarse por encima de la protección de la población trabajadora.
En materia de salud, el líder partidista reconoció el impacto económico positivo de los festivales y enfatizó que la salud debe ser la prioridad para los gobiernos federal y estatal, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando incrementa la incidencia de enfermedades como el dengue.
Finalmente, Aguilar Aguilar abordó la inconformidad ciudadana en la zona del puerto de Veracruz respecto al servicio de la operadora de agua potable «Grupo MAS». Detalló que en lo que va del año 2026 varias escuelas y la comunidad en general han sufrido cortes en el suministro por varios días, recibiendo simultáneamente cobros excesivos que afectan su economía. En este sentido, expresó el respaldo del PT a las acciones informadas por la alcaldesa Rosa María Hernández para revisar las quejas y fundamentar sólidamente la revocación de la concesión de dicha empresa, concluyendo que no se puede cobrar por un servicio que no se brinda.
