- Las unidades presentan desgaste mecánico severo, daños estructurales irreversibles, fallas recurrentes, obsolescencia operativa, riesgos de seguridad para los usuarios, pérdida de funcionalidad y fallas en los sistemas eléctrico y mecánico.
Redacción Hora Cero
Xalapa, Ver., 23 de junio de 2026.- Un total de 306 unidades vehiculares propiedad de
Gobierno del Estado de Veracruz, asignadas a la Secretaría de Seguridad Pública,
consideradas desecho ferroso, serán subastadas públicamente, de acuerdo con la
aprobación dada por la LXVII Legislatura al dictamen emitido por la Comisión Permanente
de Hacienda del Estado.
Dicho dictamen, discutido y votado en la Decimoséptima Sesión del Segundo Periodo
Ordinario, consigna que, de acuerdo con el expediente, las unidades vehiculares han sido
utilizadas de manera permanente para el desarrollo de actividades oficiales como
atención en materia de seguridad pública, tránsito, transporte, prevención, traslado de
personal, atención administrativa regional, actividades operativas institucionales y
comisiones oficiales dentro y fuera del estado.
Especifica también que de las inspecciones físicas, revisiones mecánicas, diagnósticos
técnicos y análisis de mantenimiento efectuados por personal técnico competente, se
advierte que las 306 unidades vehiculares presentan un desgaste mecánico severo,
daños estructurales irreversibles, fallas recurrentes, obsolescencia operativa, riesgos de
seguridad para los usuarios, pérdida parcial o total de funcionalidad, así como
afectaciones derivadas de corrosión en el chasis y sistemas mecánicos, con fallas en los
sistemas eléctrico y mecánico.
Por lo que, de manera generalizada, las fallas detectadas requieren reacondicionamiento
integral del sistema de suspensión, hojalatería, pintura, rehabilitación de interiores,
reparación general de motor y cambio de neumáticos y rines, sin soslayar el incremento
progresivo del gasto correctivo y la inoperatividad de las unidades por periodos
prolongados, lo que fundamenta técnicamente su inviabilidad operativa y financiera.
Cita además los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (Conac), según los cuales, los automóviles y equipo terrestre
tienen una vida útil estimada de cinco años y una depreciación anual del 20 por ciento. En
este caso particular, los vehículos presentan un periodo de explotación prolongado; el modelo más antiguo corresponde al año 2002 y el más reciente al 2019, por lo que han
superado los parámetros de vida útil contable establecidos por la normatividad nacional y
se encuentran totalmente depreciados en términos contables.
La Comisión Permanente de Hacienda del Estado, a fin de salvaguardar el patrimonio
público y garantizar las mejores condiciones para las finanzas públicas, destaca que el
valor base fijado constituye el límite mínimo legalmente permitido por la Federación.
En consecuencia, el proceso de enajenación parte de un umbral financiero indexado
oficialmente, lo que impide técnicamente cualquier subvaluación de los bienes materiales
y asegura un ingreso proporcional justo para la Hacienda Pública Estatal.
De acuerdo con el avalúo, las 306 unidades vehiculares, por tratarse de desecho ferroso,
ascienden a la cantidad total de un millón 678 mil 050 pesos. Por último, precisa los recursos económicos que se obtengan serán destinados, preferentemente, a gastos contingentes no previstos y a los proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio fiscal.
Posicionamientos
La diputada Montserrat Ortega Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), precisó que la
depreciación de los vehículos se refiere a la deducción de impuestos y cuestionó el precio
en que serán vendidos y el destino que tendrán unidades inicialmente destinadas a la
seguridad pública que portan diseño y escudos oficiales.
A su vez, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), puso a discusión la idoneidad de la perito encargada de la valuación de las
unidades y el proceso de dictaminación de la comisión encargada.
El diputado Héctor Yunes Landa también hizo uso de la palabra en referencia a la calidad
que requiere la labor legislativa de las instancias responsables.
