Juan David Castilla
Activistas y especialistas denunciaron públicamente la existencia de un subregistro institucional de personas que viven con alguna discapacidad en el territorio nacional, lo que impide que haya mayores condiciones de inclusión en el estado de Veracruz.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Sordociegas, salió a la luz pública una fuerte ola de cuestionamientos y reclamos contra los censos y estadísticas del gobierno mexicano al respecto.
Los inconformes sentenciaron que esta drástica manipulación de datos tiene como propósito disminuir drásticamente la asignación presupuestal anual y limitar el diseño de políticas públicas integrales.
El intérprete y especialista en acompañamiento para personas con discapacidad, Miguel Ángel Preciado, expuso que hay incongruencia entre los parámetros internacionales y los números de los padrones locales.
El activista señaló que mientras los indicadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman con rigor científico que aproximadamente el 16 por ciento de la población total de nuestro país padece y vive con alguna condición de discapacidad, los informes y estadísticas oficiales del Estado reportan apenas cinco por ciento de incidencia, borrando de golpe a millones de ciudadanos de los registros de atención prioritaria.
Preciado denunció que este recorte de porcentajes impacta de forma severa y directa en los criterios de elegibilidad para designar a los beneficiarios de las pensiones y apoyos económicos gubernamentales.
El especialista indicó que es urgente estructurar un censo nacional especializado que realmente consulte de manera directa, digna y presencial a los integrantes de este sector social, acusando que los encuestadores tradicionales carecen por completo de mecanismos técnicos de comunicación accesible.
Sentenció que al momento de levantar las encuestas en los hogares se ignora el uso de la lengua de señas mexicana o el sistema braille, lo que imposibilita una recolección fidedigna de datos y condena a las familias a la marginación económica.
Los defensores exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno una reestructuración inmediata de las reglas de operación de los programas de bienestar para frenar el abandono institucional que sufren.
