Mesa de Redacción
Traiciones partidistas
Enrique Yasser Pompeyo
Las declaraciones del coordinador estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, dejan al descubierto una práctica que se ha vuelto recurrente en la política mexicana: el chapulineo disfrazado de «decisión personal» o de supuestas presiones políticas.
Once presidentes municipales decidieron abandonar al partido que los llevó al poder.
Lo hicieron después de haber recibido una candidatura, una estructura partidista, el respaldo de la militancia y, sobre todo, la confianza de miles de ciudadanos que votaron por un proyecto político específico.
Hoy, esos mismos alcaldes pretenden convencer a la opinión pública de que el cambio de camiseta obedece a la falta de obras o a presiones externas.
Ese argumento difícilmente resiste un análisis serio. Los recursos municipales están etiquetados por ley y no dependen del color partidista del alcalde para ejercerlos.
Si existen problemas administrativos o financieros, éstos deben atenderse institucionalmente, no utilizarse como excusa para justificar un cambio de partido.
Como señala Aguilar Aguilar, el verdadero problema parece ser otro: la ingratitud y la falta de lealtad política.
Varios de quienes hoy abrazan a Morena tocaron primero la puerta del Partido del Trabajo porque ahí encontraron la oportunidad que otros institutos políticos no les ofrecieron.
El PT les dio una candidatura cuando la necesitaban; ellos respondieron abandonando el barco apenas encontraron una mejor oferta política.
En democracia nadie está obligado a militar de por vida en un partido. Cambiar de convicciones es legítimo cuando responde a diferencias ideológicas o programáticas.
Lo cuestionable es hacerlo únicamente por cálculo político, por conveniencia personal o por la expectativa de obtener mayores beneficios. Eso no fortalece a la democracia; fortalece el oportunismo.
La política necesita representantes con palabra. Si un alcalde fue electo bajo unas siglas y con un proyecto determinado, existe un compromiso moral con quienes depositaron su confianza en él.
Traicionar al partido también implica, en buena medida, traicionar la voluntad de quienes votaron creyendo en esa opción política.
Vicente Aguilar reconoce que jurídicamente ningún partido puede impedir estas desbandadas. La ley protege la libertad de asociación, pero no puede legislar sobre la congruencia ni sobre la ética pública. Es ahí donde entra el juicio ciudadano.
Al final, como bien señala el dirigente petista, serán los electores quienes pasen la factura. La memoria política puede ser corta, pero no inexistente.
Los ciudadanos saben distinguir entre quien sostiene sus principios en momentos difíciles y quien cambia de bandera apenas soplan vientos más favorables.
Porque en política, como en la vida, las oportunidades generan compromisos. Y quien convierte la lealtad en una mercancía termina enviando un mensaje preocupante: que las siglas, los ideales y la confianza ciudadana valen menos que la conveniencia del momento.
enriquepompeyo@hotmail.com
