Notariado en crisis; caso Zimpizahua
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Que se recuerde, nunca antes el Notariado de Veracruz había enfrentado una crisis de desprestigio y credibilidad como la que se ha desatado ahora durante el régimen morenista por los escándalos mediáticos que destaparon el llamado “Cártel Inmobiliario”.
El pasado fin de semana, por ejemplo, la comerciante Martha Aguilar Rendón, del municipio de Alto Lucero, convocó a las personas que han sido víctimas de despojos, desalojos irregulares, robo de propiedad o de vehículos para manifestarse este lunes 6 de julio a las 10:00 de la mañana frente a Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle y exigirle que las autoridades actúen contra quienes resulten responsables, lo que pone en aprietos al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, de quien depende la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz.
Precisamente, ante esa dependencia de la Segob que encabeza Ahued, se presentó el martes 9 de junio pasado un escrito de queja administrativa en contra de la licenciada Elvira Valentina Arteaga Vega, titular de la Notaría Pública número 34 de la Décima Primera Demarcación Notarial con residencia en el municipio de Tlalnelhuayocan.
La queja fue presentada por Joaquín Alcántara Ceballos, el primer hijo varón de Joaquín Alcántara Hernández, el fallecido dueño de la Hacienda Zimpizahua, ubicada en el municipio de Coatepec, quien el 23 de septiembre de 2016 –cuatro meses antes de que a finales de enero de 2017 fuera internado de gravedad por un cáncer en el sistema digestivo en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS en Xalapa–, había acudido acompañado de su esposa María Yolanda Ceballos y su vástago mayor con la notaria de su confianza Claudia Peto, en la ciudad de Perote, para protocolizar su testamento.
Incluso existe un par de videos que Alcántara Hernández grabó desde el hospital, en los que se le escucha dictar con gran coherencia léxica y mental las últimas indicaciones sobre su testamento a la fedataria peroteña, en la cual confiaba plenamente desde que la había conocido años antes en la Notaría Pública de la que era titular en Coatepec don Luis Espinoza Gorospe, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Sin embargo, Joaquín Alcántara Jr. ha tenido que promover un juicio civil de sucesión testamentaria, radicado con el número 613/2024 en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Coatepec, debido a que su hermano menor Pedro Erick Alcántara Ceballos se sacó de la chistera otro polémico testamento del que dio fe la notaria Arteaga Vega, de Tlalnelhuayocan, para lo cual presentó como testigos no a personas de confianza de su difunto padre, el testador, sino a un par de incondicionales, uno de ellos su compadre Edson Tejeda Corona, ex regidor y ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Coatepec.
En su escrito de queja administrativa presentado en contra de la fedataria Arteaga Vega, Joaquín Alcántara Ceballos la acusa de falsedad, pues refiere que en dicho instrumento, que es el número 3,551 de fecha 11 de febrero de 2017, señala que es expedido en Tlalnelhuayocan, “en el cual dice que comparece, entre otros, mi padre Joaquín Alcántara Hernández, y que dicho instrumento es ratificado y firmado de conformidad en el mismo lugar y día de su fecha, lo cual resulta ser una falsedad, pues en esa fecha 11 de febrero de 2017, mi padre se encontraba internado en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS en Xalapa, ya que fue dado de alta el 14 de febrero de 2017, como consta en el expediente clínico, debido a que su estado de salud era tan grave que no podría haber acudido el día 11 de febrero de 2017, ya que tres días después falleció”.
Además, entre otro par de falsedades, Joaquín Alcántara Jr. acusa a la notaria contratada por su hermano Pedro Érick de “afirmar haber acudido” al hospital “a ver al testador, lo cual contradice su propia escritura pública y sobre todo es desmentido por el informe de fecha 5 de diciembre de 2025 rendido por el Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Veracruz Norte”, pues en sus respuestas “indica que no existe registro de salida de mi padre del hospital el 11 de febrero de 2017 y que no existe registro o constancia física del ingreso de notario público”, por lo que el heredero mayoritario de Alcántara Hernández denuncia que “evidentemente estamos ante una conducta que debe ser sancionada por rendir un informe falso a una autoridad jurisdiccional”.
Lo grave es que a pesar de que el testamento ilegal protocolizado en la Notaría de Tlalnelhuayocan ha sido legalmente impugnado, Pedro Érick sigue vendiendo los lotes que supuestamente le heredó su difunto padre en el Fraccionamiento Zimpizahua, los cuales miden cada uno 600 metros cuadrados y los oferta en un 1 millón 800 mil pesos cada uno.
Pero esos lotes están a nombre del difunto Joaquín Alcántara Hernández, los cuales recibió hace aproximadamente 20 años de Fernando Padilla Farfán como parte del acuerdo por la compraventa de una fracción de 15 hectáreas de la Hacienda Zimpizahua, las que el empresario constructor fraccionó tras reservarse un área en la que construyó su propia casa de campo.
Pedro Érick poseía un poder notarial que su padre le había otorgado, el cual, tras la muerte de su papá perdió validez legal.
Actualmente, la sucesión testamentaria que iniciaron con el testamento ilegal está detenida. No se ha iniciado ni el inventario de la masa hereditaria, por lo que no cuenta con escrituras de la hacienda a su nombre y por ende está impedido para vender los terrenos de las antiguas fincas de café y los lotes del fraccionamiento, entre otros bienes que pertenecían a su difunto progenitor.
