Juan David Castilla
Representantes de diversas organizaciones de taxistas en el estado rechazaron la posible regularización de vehículos particulares que operan como transporte público a través de plataformas digitales, como Uber, DiDi y otras.
Los líderes transportistas exigieron al Gobierno del Estado una mesa de diálogo urgente antes de que se envíe cualquier iniciativa de reforma a la Ley 589 de Tránsito y Transporte al Congreso local.
El anuncio de la gobernadora Rocío Nahle García sobre una propuesta para legalizar estas aplicaciones encendió las alarmas en un sector que estima la existencia de entre 80 mil y 90 mil concesiones de taxi en territorio veracruzano, quienes acusan estar al borde de la quiebra por la proliferación de servicios irregulares, mototaxis y el denominado transporte «pirata».
Uziel García Mundo, líder transportista de Acayucan, aclaró que el gremio no se opone al uso de la tecnología o las aplicaciones móviles, sino a que unidades particulares presten un servicio público violando la legislación vigente y mermando sus ingresos diarios sin ninguna restricción.
Por ello, urgió a la Secretaría de Gobierno a aplicar la ley de manera estricta mientras no exista un marco regulatorio aprobado.
Por su parte, Guillermo Zelaya de Jesús, secretario general del Sindicato de Taxistas «Miguel Alemán», calificó de «competencia desleal» la entrada formal de estos vehículos.
Explicó que, a diferencia de los conductores de plataformas, los taxistas concesionarios deben cumplir con una larga lista de obligaciones fiscales y administrativas.
«Nosotros cumplimos con obtener una licencia tipo A, someter las unidades a revistas vehiculares, rotular los vehículos, mantenerlos en buenas condiciones y contratar seguros de cobertura amplia, mientras que los particulares no están sujetos a las mismas exigencias», recriminó Zelaya, quien pidió que el Gobierno estatal les permita conocer el borrador de la iniciativa antes de que sea turnada a los diputados.
En sintonía, Mara Cristina Avilés Montiel, representante de la Alianza de Taxistas, sostuvo que la prioridad de la administración estatal debería ser el rescate y apoyo a los concesionarios tradicionales, quienes carecen de seguridad social y dependen exclusivamente del pasaje diario, en contraste con quienes operan aplicaciones como un ingreso extra.
Los dirigentes adelantaron que buscarán un frente común con diputados locales y autoridades estatales para frenar lo que consideran un golpe directo al patrimonio de miles de familias veracruzanas.
