Juan David Castilla
Pescadores de la cuenca del río Papaloapan alzaron la voz para exigir la instalación inmediata de una planta de tratamiento de residuos en una empresa alcoholera asentada en el municipio de Cosamaloapan, la cual señalan de generar severos estragos ambientales y paralizar la actividad económica pesquera en la región desde hace más de diez años.
Gabriel Cano Martínez, integrante de la cooperativa «El Tordo», con sede en la localidad Río Limón, municipio de Ignacio de la Llave, denunció que el reciente episodio de mortandad masiva de especies acuáticas fue desencadenado directamente por el vertimiento no controlado de vinaza, un subproducto altamente contaminante derivado de la destilación de alcohol.
El productor pesquero precisó que el residuo químico no provoca la muerte de la fauna por envenenamiento directo, sino por asfixia. Al ingresar a los causes fluviales, la sustancia consume de forma drástica los niveles de oxígeno disueltos en el agua, dejando sin posibilidad de supervivencia a los peces.
Pese a que las autoridades ambientales interpusieron medidas de clausura temporal contra la planta alcoholera tras el desastre ecológico, Cano Martínez aseveró que la disposición resulta insuficiente.
Detalló que en los terrenos contiguos e instalaciones de la empresa aún se aprecian escurrimientos activos y acumulación de vinaza que continúan filtrándose hacia el cauce del río.
El representante gremial enfatizó que el sector lleva un decenio alertando sobre la degradación de la cuenca sin que se concrete una solución de fondo que obligue a la compañía a sanear sus procesos industriales y tratar sus descargas conforme a los estándares normativos.
La dispersión de los contaminantes inicia en Cosamaloapan y recorre los municipios de Tierra Blanca, Tlacojalpan, Otatitlán, Amatitlán e Ignacio de la Llave, impactando de forma directa las redes de pesca y la biodiversidad en la zona del sistema lagunar de Alvarado.
Ante la gravedad del daño ecológico y las afectaciones socioeconómicas que golpean a miles de familias dedicadas a la pesca ribereña, los integrantes de las cooperativas instaron a los organismos de protección ambiental del Estado y la Federación a mantener inspecciones permanentes en la franja industrial de la cuenca.
Si bien reconocieron que existen otras factorías operando en las inmediaciones que deben ser auditadas, los afectados reiteraron que la alcoholera es la fuente emisora de mayor impacto, por lo que urgieron a no retirar los sellos ni autorizar su reactivación operativa hasta que se garantice la infraestructura necesaria para el tratamiento de residuos.
