Juan David Castilla
El presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, acudió al Congreso de Veracruz para dar atención al procedimiento de juicio político y solicitud de desafuero promovido en su contra por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El edil arribó a la sede del Poder Legislativo acompañado por su equipo legal con el propósito de llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos ante la Comisión Instructora, instancia encargada de dictaminar la procedencia del despojo de su inmunidad procesal.
A su llegada y salida del recinto, Bravo Montero rechazó fijar postura ante los medios de comunicación respecto a las imputaciones que pesan en su contra, así como sobre los cuestionamientos vertidos por su presunta ausencia en las actividades administrativas del ayuntamiento.
La solicitud de desafuero presentada por la FGE deriva de las investigaciones que vinculan al munícipe con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, ambas víctimas fueron vistas por última vez el pasado 14 de mayo, posterior a una reunión sostenida en una propiedad presuntamente ligada al alcalde en la localidad de Barra de Chachalacas, perteneciente al municipio que gobierna.
Durante el desarrollo de la diligencia, la defensa legal del edil perteneciente a las filas del partido Movimiento Ciudadano hizo entrega formal de la documentación, testimoniales e instrumentos jurídicos con los que pretende desvirtuar los sealamientos formulados por el órgano procurador de justicia.
Tras la comparecencia y la entrega de los alegatos correspondientes, los diputados integrantes de la Comisión Instructora analizarán las pruebas aportadas tanto por la FGE como por la defensa del munícipe para determinar si existen elementos suficientes para emitir un dictamen que sea sometido a votación ante el pleno legislativo.
En caso de que el dictamen resulte procedente, el alcalde perderá el fuero constitucional, quedando a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso penal por los hechos denunciados.
