Juan David Castilla
El pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó retirar la inmunidad procesal al presidente municipal de Úrsulo Galván, Evaristo Bertín Bravo Montero, a fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) proceda penalmente en su contra por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López.
Con una votación de 40 sufragios a favor y ocho en contra, el Poder Legislativo avaló el dictamen emitido por la Comisión Instructora. Esta determinación elimina la protección constitucional del edil para que enfrente el proceso de la justicia ordinaria sin que ello signifique una sentencia condenatoria previa. El Congreso determinó que el alcalde suplente, Pedro de Jesús Rosado Guzmán, asuma la titularidad del Ayuntamiento.
De acuerdo con las indagatorias radicadas en la carpeta de investigación ministerial, el empresario y su escolta fueron vistos por última vez el pasado 14 de mayo tras acudir a un inmueble del alcalde ubicado en la localidad de Barra de Chachalacas.
Entre los elementos probatorios aportados por el ministerio público destacan registros georreferenciados de telefonía móvil que ubican los dispositivos de las víctimas y del funcionario en el mismo radio de cobertura, así como mensajes de texto enviados por Ramos Sánchez a su pareja sentimental donde señalaba encontrarse en una reunión con Bravo Montero y un presunto operador de la delincuencia organizada.
Durante la comparecencia en el recinto legislativo, Bertín Bravo rechazó las imputaciones, se declaró inocente y afirmó que no se sustraerá de la acción de la justicia.
Por su parte, la defensa legal del edil argumentó que existen inconsistencias en los peritajes de la FGE y sostuvo que la desaparición podría estar vinculada a un litigio minero que el empresario sostenía con particulares.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria determinó dar curso a la solicitud del organismo autónomo para que un juez de control defina la situación jurídica del munícipe.
