Cuitláhuac-Cenagas: muy ‘Maduro’
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Hace casi tres años, el 23 de octubre de 2023, el entonces gobernador Cuitláhuac García presumió en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía abrazado con el aún presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La imagen fue tomada en Palenque, Chiapas, donde Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente en funciones, reunió a mandatarios y representantes de 11 países latinoamericanos y del Caribe para abordar supuestamente la problemática regional de la migración.
Pero, al parecer, el verdadero trasfondo era la preocupación de Maduro ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de “usar todo su poder” para perseguir al venezolano que Washington no reconocía como Presidente de la República Bolivariana sino como el líder “fugitivo” del Cártel de los Soles, declarado por Estados Unidos como una organización narco-terrorista, por lo que al dictador sudamericano le confiscaron bienes por 700 millones de dólares.
Al entonces gobernador García Jiménez lo quisieron implicar indirectamente en esta trama desde el 25 de octubre de 2021, cuando Noticias Caracol, de Colombia, reveló que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Alex Saab, un testaferro multimillonario de origen colombiano y funcionario incondicional de Maduro, importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
Según una investigación de la reportera Verónica Ayala, para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, identificó entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estas empresas utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab y Samark López Bello, operadores financieros de Maduro.
Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares, para los llamados CLAP.
Por eso es que, ahora, ha generado suspicacias que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), a cargo del ex gobernador veracruzano Cuitláhuac García, haya adjudicado un contrato de más de 1,445 millones de pesos (más IVA) para la construcción del gasoducto Coatzacoalcos II, para el suministro de gas natural a la zona “Anillo Pajaritos” y Polo de Desarrollo II a la empresa IS Machine México, una filial de los accionistas venezolanos Douglas David Freites Delgado y Michael Wilsen Ng Ojeda, que según el periodista campechano Antonio Carrera, especializado en infraestructura y energía, apenas en agosto de 2023 se subieron al barco.
El comunicador ironiza que “el debut de esta firma en la obra pública mexicana es directo a las Grandes Ligas de los recursos federales. ¿Cómo una empresa con cero antecedentes contractuales en el país se impone en una licitación estratégica de seguridad nacional? La respuesta no está en su capacidad técnica, sino en el artilugio de la ‘propuesta conjunta’ con constructoras locales para maquillar un expediente que, por sí solo, no sostendría ni una banqueta”, publicó hace un mes en su cuenta de X, antes Twitter.
Señala que de acuerdo al fallo de la licitación LO-18-TON-018TON999-N-46-2026, para legitimar el contrato, la firma IS Machine México presentó propuesta conjunta con la tabasqueña Construforma del Golfo SA de CV, que tiene como socias a Fabiola del Carmen Sánchez Zapata y Ana Paula López Vidal, y Constructora Acetech, de José Eduardo y Óscar Martínez Ávalos.
Pero refiere que el domicilio fiscal de la multimillonaria IS Machine México está ubicado en la calle José Méndez García, de Villahermosa, Tabasco, en una modesta zona residencial. No hay oficinas, no hay maquinaria, no hay ingenieros. Parece más bien un negocio de los que rodean a la famosa taquería “El Matador”. Sólo menudean fachadas particulares de un vecindario que ignora que ahí habita el nuevo contratista consentido de Cenagas.
“Estamos ante una empresa sin antecedentes en México, que operará un polo de Desarrollo clave para el sureste mexicano”, indica el periodista, refiriendo que “para consumar el despropósito”, Cenagas desechó algunas propuestas que presentaron cotizaciones más bajas y que habrían ahorrado millones de pesos al erario público, entre ellas: COOPSA Ambiental, de 1 mil 224 millones 396 mil 764.17 pesos; Eseasa Offshore, de 1 mil 416 millones 920 mil 441.39 pesos, y Servicios Integrales Osda, de 1 mil 050 millones 583 mil 656.11 pesos.
Otras empresas, pese a su buena reputación en este sector energético, también fueron descartadas al parecer por los montos elevados de sus presupuestos: A&B Tecnología Sustentable, 1 mil 581 millones 042 mil 733.67 pesos; Hidro Soluciones Integrales, con 2 mil 350 millones 778 mil 048.40 pesos; Marsori Internacional de Negocios, 2 mil 050 millones 423 mil 992.72 pesos; Servicios y Construcciones Terrestres, con 1 mil 567 millones 899 mil 642.02 pesos; y Stratton Oil, S de RL de CV, con 1 mil 925 millones 104 mil 100.18 pesos.
Sin embargo, Cuitláhuac García y compañía optaron por lo opaco y sospechoso.
“Entregar la conducción del gas natural a entidades de dudosa procedencia no es solo un atentado financiero, es una negligencia criminal que pone en riesgo una instalación que, por su naturaleza, ya es peligrosa”, concluye el comunicador de Ciudad del Carmen, Campeche, experto en periodismo de investigación fundamentado en “documentos, contratos y datos antes que opinión”.
