Una ‘fuereña’ al ORFIS
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
El viernes pasado, el diputado Miguel Pintos, de Morena, publicó en sus redes sociales que “como presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, encabezé (sic) la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, en la que analizamos y aprobamos la convocatoria para el proceso de selección y designación de quien ocupará la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) para el periodo 2026-2033”.
Pintos Guillén, representante del distrito electoral local número 29 con cabecera en Coatzacoalcos y muy cercano a la gobernadora Rocío Nahle, informó que este lunes 17, “tal como lo marca la ley, estaremos dando a conocer oficialmente la convocatoria, por lo que invito a las personas interesadas a mantenerse atentas a las redes sociales del Congreso del Estado y a mis canales oficiales”.
Quién sabe cuántos aspirantes se vayan a inscribir para sustituir a partir de septiembre entrante a la maestra Delia González Cobos como auditora general del ORFIS, pero en Palacio de Gobierno y en el Congreso local –principalmente en la bancada de Morena, la mayoritaria– solamente suenan los nombres de dos mujeres que no son oriundas de Veracruz, por lo que la gobernadora Nahle y los diputados de su partido tuvieron que reformar la ley: uno es el de Bárbara Galindo Ramos, quien desde finales de febrero pasado quedó como encargada de la Contraloría General del Estado tras la renuncia de Ramón Santos, quien según la versión oficial dimitió por su fallida aspiración de ser el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el otro es el de Leslie Mónica Garibo Puga, primera contralora de la administración del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien solamente permaneció nueve meses y medio en el cargo.
Garibo Puga era recomendada de Nahle. Por eso, tras su abrupta salida del gabinete cuitlahuista, la entonces secretaria de Energía la incorporó como jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener.
A los dos meses de haber iniciado su administración, el gobernador García Jiménez tuvo la oportunidad de deshacerse de esta abogada oriunda de la Ciudad de México. Pero en vez de aceptarle su renuncia, el mandatario veracruzano decidió no solamente sostenerla en el cargo sino darle manga ancha también para que hiciera todos los cambios que considerara convenientes en la estructura de la dependencia bajo su mando.
Pero Garibo cometió el error de sacudirse a algunos directores de área y a la mayoría de los contralores internos que un par de influyentes funcionarios del gabinete estatal le habían recomendado e impuesto.
La contralora recomendada por Nahle le había presentado su renuncia a Cuitláhuac, según una conversación por WhatsApp que equivocadamente Garibo Puga compartió en un chat entre militantes de Morena, con los cuales está vinculada desde que fungía como representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
“¿Quiere usted poner a alguien?, o ¿lo busca una servidora? Para poder hacer la entrega-recepción conforme a derecho”, le expresaba a García Jiménez, según las capturas de pantalla de teléfono celular que algunos funcionarios “guardaron” y le filtraron al periodista Noé Zavaleta, corresponsal del semanario Proceso, quien según las versiones que recogió entre miembros del gobierno de Morena, la intención de renuncia de Garibo se habría dado debido a que luego de dos meses transcurridos de la actual administración estatal, la contralora y su equipo de trabajo “fueron incapaces” de encontrar irregularidades, expedientes de declaraciones patrimoniales incompletos o alguna información concreta que sirviera de contexto para interponer querellas penales en contra de ex colaboradores del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
“No es que los panistas y yunistas no hayan robado, es que en la Contraloría fueron tan tontos que en dos meses no pudieron encontrar nada. Y con el tema de gobernabilidad tan complicado, urgía, apremiaba una cortina de humo”, le explicó su fuente al reportero de la revista Proceso.
Según la fallida conversación de Garibo por WhatsApp, la exfuncionaria fue ignorada por Cuitláhuac.
“Lamento mucho todo el mal entendido y le reithero (sic) q (sic) en ningún momento ha sido mi intención el actuar de mala fe, ojala (sic) y me dé la oportunidad de poder hablar con usted”, le insistía la todavía contralora, a la cual le estallaron varios escándalos que no pudo prevenir, contener ni desactivar: el del supuesto nepotismo por el presunto parentesco del subsecretario de Sefiplan, Eleazar Guerrero, con el gobernador; la sospechosa compra y renta de 160 patrullas por asignación directa de la Secretaría de Seguridad Pública, y ahora el despilfarro por los festejos septembrinos que realizó la Secretaría de Gobierno, entre ellos la polémica contratación por 6.5 millones de pesos de la orquesta “La Adictiva”, 70 por ciento más de lo que la banda sinaloense habría cobrado por otras presentaciones en el país.
En el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, ha cobrado fuerza últimamente el nombre de Leslie Garibo, la cual fue mencionada primero, en noviembre de 2024, para ocupar la Dirección General de Patrimonio del Estado en la nueva administración estatal encabezada por Nahle, y luego para sustituir a Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía General del Estado, pero inexplicablemente ninguna de estas dos opciones se concretó pese a su supuesta cercanía con la mandataria veracruzana.
Todo haría suponer, entonces, que quizá los diputados de Morena, PT y PVEM, aliados de la gobernadora, se decantarían por Bárbara Galindo Ramos, quien el 1 de diciembre del año antepasado inició como subdirectora de Seguimiento a los Recursos Federales de la Contraloría General del Estado, en la que desde febrero pasado despacha como encargada luego de que el Congreso local le concedió la dispensa de ley por ser nativa del estado de Tamaulipas, aunque lleva años radicando en Boca del Río.
En la página oficial de la gobernadora Rocío Nahle se publicó, al anunciarse su ascenso como titular encargada de la CGE, que Galindo Ramos “cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la fiscalización y el control gubernamental”, que “se desempeñó como Auditora en la Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado ‘A’ de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde participó en la revisión del ejercicio de recursos federales”, y que, “asimismo, ocupó el cargo de Subdirectora de Fiscalización a los Recursos Federales en la Contraloría General del Estado de Veracruz, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión en el ámbito estatal”.
Se detalló también que “está certificada como Implementadora Líder en ISO 37001 por el organismo PECB, lo que le permite asesorar a organizaciones en el establecimiento, implementación, gestión y mejora de Sistemas de Gestión Antisoborno (SGAS), bajo estándares internacionales”. Esta certificación, se resaltó, “respalda su conocimiento en mejores prácticas globales para la prevención, detección y atención del soborno”.
Se añadió además que en el ámbito profesional también se ha desempeñado como consultora en materia fiscal y gubernamental, y que, de igual forma, “ha brindado asesoría contable, fiscal y financiera a diversas empresas del sector privado, consolidando una visión integral del manejo de recursos tanto en el ámbito público como privado”.
“Su perfil combina experiencia técnica, formación especializada y un firme compromiso con la transparencia y la integridad institucional”, se añadió.
¿Alguien tiene duda de quién será la nueva titular del ORFIS? Por supuesto que, en política, como en el beisbol, el juego se decide hasta que cae el último out.
LA REACCIÓN EMPRESARIAL POR EL CASO DEL INGENIO SAN PEDRO
Ayer, la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, A.C. (AIEVAC) difundió un comunicado institucional dirigido a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz y al sector industrial y empresarial, en el que “como representación legítima del sector productivo de la entidad, manifiesta su posición respecto a la situación que enfrenta la agroindustria azucarera en la región de Los Tuxtlas y la decisión operativa comunicada por nuestro socio, Grupo Porres, en relación al Ingenio San Pedro”.
En su manifiesto exponen cuatro puntos: 1, Respeto a la Libertad de Empresa y Certeza Jurídica; 2, Cumplimiento y Responsabilidad Social con la Fuerza Laboral; 3, Realidad Económica y Competitividad Sectorial, y, 4, El Rol Facilitador del Sector Público.
Al final, resumen que “el desarrollo socioeconómico de Veracruz se construye en alianza con la iniciativa privada, garantizando reglas claras, respeto a las instituciones y certidumbre para quienes generan empleo, cumplen la ley e invierten en nuestra entidad.”
Haría bien la gobernadora Rocío Nahle en poner a trabajar a sus operadores políticos, así como al responsable directo de la vinculación gubernamental con el empresariado veracruzano.
