Juan David Castilla
El uso de la fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos no convencionales representa un severo impacto socioambiental para el estado de Veracruz, donde la alta demanda del recurso hídrico y la generación de fluidos tóxicos amenazan con contaminar los mantos acuíferos, cuencas fluviales y zonas agrícolas del norte y centro de la entidad.
Especialistas ambientales han advertido que el procedimiento técnico de cada pozo fracturado requiere entre 8 y 80 millones de litros de agua dulce, considerando que un solo pozo puede someterse a más de 100 procesos de fractura a lo largo de su operación.
De acuerdo con datos de la Alianza Mexicana contra el Fracking, la mezcla inyectada a altas presiones se compone en un 90 por ciento de agua, nueve por ciento de arena y uno por ciento de aditivos químicos, los cuales en su mayoría se mantienen bajo la clasificación de “secreto comercial” por parte de las empresas operadoras, impidiendo conocer con certeza el grado de toxicidad al que se exponen las comunidades rurales vecinas.
Asimismo, investigadoras como Carla Flores han documentado que este combinado químico se mezcla en el subsuelo con salmueras continentales preexistentes en las formaciones rocosas.
A través de la presión ejercida en la fractura, el fluido retorna a la superficie liberando elementos nocivos como material radiactivo, hidrocarburos pesados y metales de alta densidad.
Esta mezcla resultante, catalogada como «agua de retorno», llega a registrar concentraciones de salinidad diez veces superiores a las del agua de mar.
En regiones veracruzanas con antecedentes de exploración en campos no convencionales, como la cuenca de Chicontepec y la franja norte del estado, el riesgo latente radica en la filtración de este caldo tóxico por fisuras tectónicas, fallas en la tubería de los ductos o derrames superficiales que anulan la fertilidad de los suelos y contaminan los ríos que abastecen a miles de familias dedicadas al campo y a la ganadería.
