Juan David Castilla
La violencia familiar se consolida como uno de los delitos con mayor incidencia en el estado de Veracruz, de acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Las estadísticas revelan que en la entidad se han registrado miles de auxilios a través de las líneas de emergencia por agresiones ocurridas al interior de los hogares.
Tan solo en el último periodo del reporte anual, la entidad sumó 19 mil 714 llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar, además de 7 mil 808 reportes telefónicos por violencia de pareja.
Dichas cifras sitúan al hogar como uno de los entornos más inseguros para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el territorio veracruzano.
Pese a que las autoridades estatales afirman que la incidencia delictiva general registra reducciones en diversos rubros, en el fuero común los reportes por agresión doméstica continuaron encabezando la lista de denuncias junto a delitos como el robo y las lesiones dolosas.
A la par de las llamadas de auxilio al 911, las carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) reflejan la persisten de un problema estructural que no ha logrado contenerse en las diferentes regiones del estado, principalmente en zonas urbanas como Coatzacoalcos, Veracruz puerto, Xalapa, Poza Rica y Córdoba.
Defensoras de los derechos de las mujeres e integrantes de colectivos feministas en la capital del estado señalan que las acciones institucionales vigentes siguen siendo insuficientes para frenar el fenómeno.
Argumentan que las víctimas enfrentan trabas burocráticas y falta de acompañamiento integral al momento de interponer sus denuncias formales.
Aunado a ello, cuestionaron los presupuestos asignados para atender las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) decretadas en la entidad, al considerar que los recursos destinados a las dependencias estatales encargadas de la prevención y erradicación del delito resultan limitados frente a la magnitud del problema.
Exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la implementación de protocolos de protección eficaces y el fortalecimiento de los refugios para víctimas, con el fin de evitar que los episodios de violencia intrafamiliar escalen a delitos de mayor gravedad como el feminicidio o la tentativa de homicidio.
