Juan David Castilla
Durante la apertura del Diálogo Interactivo en el marco del 63° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, presentó su Informe de Misión a México, en el cual expresó una profunda preocupación por la proliferación de «zonas de sacrificio» originadas por procesos de industrialización desmedidos y la contaminación por hidrocarburos en el país, sobre todo en Tabasco y Veracruz.
El organismo internacional advirtió que en diversas regiones de la República Mexicana las normativas para proteger la salud pública y el medio ambiente han resultado insuficientes.
Esta situación ha provocado la normalización de graves padecimientos entre la población, tales como el incremento en casos de cáncer, abortos espontáneos y dolor crónico.
De acuerdo con el documento presentado tras la visita realizada en marzo pasado, la extracción, procesamiento y distribución de combustibles fósiles genera volúmenes alarmantes de sustancias químicas tóxicas que afectan de manera desproporcionada a comunidades empobrecidas, mujeres, infancia, jóvenes, así como a poblaciones indígenas y campesinas.
En su diagnóstico sobre el sector energético, el Relator hizo énfasis en los riesgos asociados a explosiones, derrames en suelos y cuerpos de agua, además del potencial uso de la fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de gas fósil.
Al respecto, subrayó que este método genera grandes cantidades de fluidos tóxicos que amenazan la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los medios de vida locales. Como antecedente, citó los derrames de petróleo ocurridos en Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, cuyos efectos nocivos persisten en los ecosistemas y en las actividades productivas de la población costera.
Ante este escenario, el representante de la ONU confirmó que dará un seguimiento puntual a las posturas y análisis del Gobierno mexicano sobre la viabilidad del fracking, remarcando que el fortalecimiento de la soberanía energética no debe comprometer la sustentabilidad de los cuerpos de agua ni agravar la crisis de contaminación que enfrentan las comunidades.
Finalmente, recomendó al Estado mexicano la adopción de un plan nacional integral para remediar y restaurar los pasivos ambientales derivados de la industria petrolera, garantizando atención médica especializada a las zonas impactadas, con especial énfasis en la niñez.
