Redacción
La posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa obtenga su libertad anticipada quedó en suspenso hasta este viernes 21 de noviembre. Tras una audiencia maratónica que se extendió por 12 horas este miércoles, la situación legal del exgobernador de Veracruz se complicó ante la presentación de testimonios que cuestionan su comportamiento en reclusión y la estrategia de la Fiscalía General de la República (FGR) para mantenerlo tras las rejas mediante procesos pendientes del fuero común.
Durante la diligencia encabezada por la jueza federal Ángela Zamorano Herrera, surgieron detalles que contrastan con la versión de «buena conducta» sostenida por la defensa para solicitar el beneficio preliberacional.
Denisse Moreno Córdoba, quien compareció como testigo, relató un episodio de 2022 en el que el exmandatario tuvo que ser atado a una silla durante una audiencia, un hecho que la Fiscalía utilizó para reforzar su postura de que la excarcelación de Duarte representaría una «afrenta a la justicia».
La defensa legal del exgobernador veracruzano argumentó que su cliente ha permanecido preso ocho años y siete meses desde su captura en abril de 2017, cumpliendo así con el 95% de la sentencia de nueve años que se le impuso en 2018 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Bajo la normativa aplicable, este porcentaje de cumplimiento, sumado al pago de multas y la confiscación de bienes, le permitiría acceder a la libertad anticipada.
Sin embargo, la FGR introdujo un obstáculo determinante: la existencia de acusaciones vigentes en el estado de Veracruz. El órgano autónomo advirtió a la jueza que, aun si se concediera la libertad por los delitos federales, las autoridades veracruzanas podrían ejecutar nuevas órdenes de aprehensión al momento de su salida. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre el avance de estas carpetas locales, la Fiscalía insistió en que son motivo suficiente para negar el beneficio.
La jueza Zamorano Herrera deberá valorar si los elementos probatorios de la FGR y los testimonios sobre la conducta de Duarte tienen el peso legal para bloquear su salida. De recibir una negativa este viernes, Javier Duarte deberá cumplir la totalidad de su condena en prisión, permaneciendo recluido hasta abril de 2026.
