Hora cero
Derechos humanos en Veracruz
Luis Alberto Romero
De acuerdo con el INEGI, Veracruz se ubicó como el tercer estado con más reportes de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos durante 2024, con un total de 12 mil 940 registros.
La cifra coloca a la entidad sólo por debajo de la Ciudad de México y Puebla, los estados que más vulneran los derechos humanos.
Esta enorme cifra de señalamientos habla de prácticas muy arraigadas, y de una relación tensa entre el Estado y la ciudadanía en el ejercicio cotidiano de la autoridad.
Cuando una entidad acumula casi 13 mil hechos violatorios de los derechos humanos reportados en un solo año, el problema deja de ser coyuntural y se convierte en estructural.
El propio informe del INEGI revela que la mayoría de los casos, más de 11 mil 700, fueron documentados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mientras que poco más de mil correspondieron a la Comisión Nacional. Es decir, el reclamo se manifiesta de manera directa en el ámbito local, en el contacto inmediato entre autoridades estatales y la población. Ahí es donde se generan las fricciones más graves y donde el Estado falló con mayor frecuencia.
Las dependencias con más observaciones y quejas son la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Se trata de los pilares del sistema de justicia y seguridad; quienes investigan delitos y quienes deben garantizar el orden público son los que concentran los mayores señalamientos por violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía arrastró durante 2024 una larga historia de cuestionamientos por detenciones arbitrarias, dilación de la justicia, trato indigno a víctimas y uso político de las investigaciones. La Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, enfrentó constantes acusaciones por uso excesivo de la fuerza, abusos en operativos y prácticas que vulneran derechos básicos.
No es casualidad que ambas dependencias aparezcan una y otra vez en los informes; es consecuencia de una cultura institucional que ha prevalecido por años en la entidad.
A ello se suma un dato preocupante, el rezago. Veracruz cerró 2024 con más de 3 mil expedientes de queja pendientes de concluir, una de las cifras más altas del país.
La lentitud en la resolución no solo revictimiza, también envía un mensaje de impunidad administrativa y desgaste para quienes buscan justicia por la vía institucional.
Si bien se sancionó a 123 servidores públicos, el número resulta marginal frente al volumen de casos y contrasta con la ausencia de conciliaciones o medidas cautelares importantes. El castigo por las violaciones a los derechos humanos llega tarde, es limitado y, muchas veces, no repara el daño.
@luisromero85
