Juan David Castilla
Pescadores, laguneros, vendedoras de mariscos y ambulantes de las playas del municipio de Pajapan, al sur de Veracruz, interpusieron un juicio de amparo en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras denunciar la violación a sus derechos como pueblos originarios y la negativa de la paraestatal para indemnizarlos por los daños derivados del derrame de crudo ocurrido el pasado 2 de marzo.
A través de un pronunciamiento público, los afectados de las comunidades nahuas y nuntajüyi de la Sierra de Santa Marta señalaron que la empresa productiva del Estado condiciona los apoyos y la reparación del daño únicamente a aquellos pescadores que cuenten con permisos vigentes ante la Conapesca, registren producción y paguen derechos fiscales.
Los denunciantes calificaron esta postura como discriminatoria, argumentando que desconoce su existencia y su derecho al trabajo bajo la figura de actividades productivas que han desarrollado de manera ancestral.
El conflicto escaló luego de que las respuestas de la petrolera a dos cartas enviadas al Ejecutivo Federal, la primera el 8 de mayo y otra hace un mes durante una gira presidencial en Coatzacoalcos, reiteraran que la atención post-inspección ambiental se limitará al padrón de productores formalmente acreditados bajo la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Ante esto, el sector pesquero y comercial de Pajapan acusó una contradicción institucional, apuntando que mientras personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realiza consultas locales sobre una iniciativa de ley en la materia, en la práctica se vulneran sus derechos territoriales y de subsistencia, al tiempo que se pretende reactivar la exploración petrolera en la región.
Los comités comunitarios advirtieron que mantendrán la vía legal y la movilización social hasta que se logre su reconocimiento formal como pescadores y vendedoras indígenas de carácter ancestral.
Asimismo, reiteraron su exigencia hacia el Gobierno Federal y Pemex para que se aplique una reparación integral del daño que incluya una indemnización justa para todos los sectores económicos de la costa y la restauración inmediata de los ecosistemas locales impactados por el hidrocarburo.
