Juan David Castilla
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó los resultados de su medición estatal #ConLupaDeGénero 2026, revelando un panorama crítico para el desarrollo profesional y económico de las mujeres en el sureste del país.
De acuerdo con el reporte, el estado de Veracruz se ubica en el fondo de la escala nacional al registrar un nivel de desempeño bajo y muy bajo, una realidad que comparte con entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tabasco.
Esta situación contrasta drásticamente con el norte y centro de México, donde regiones como Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Colima logran destacar por ofrecer las mejores condiciones y un desempeño alto para su fuerza laboral femenina.
El rezago que arrastra el territorio veracruzano se refleja con dureza en variables estructurales como la informalidad laboral y la falta de ingresos suficientes.
En el bloque de estados con menor desempeño, donde está posicionado Veracruz, el 72.2% de las mujeres ocupadas se encuentran atrapadas en el sector informal, superando con creces la media nacional del 54.8%.
Asimismo, el 54.4% de las trabajadoras de estas regiones padecen pobreza laboral, lo que significa que sus ingresos mensuales no alcanzan siquiera para cubrir la canasta alimentaria básica, una cifra que también rebasa por mucho el promedio de todo el país, situado en 36.2%.
La falta de oportunidades se agrava al observar que un 27.7% de las mujeres manifiesta que tiene la intención de incorporarse al mercado de trabajo pero le es imposible hacerlo por barreras del entorno, mientras que apenas un mínimo 7.9% ha logrado consolidarse en el sector del emprendimiento formal.
La brecha se vuelve aún más evidente al comparar estos rezagos con los logros de las cinco entidades federativas que lideran la medición. En las zonas con mejor desempeño, las mujeres se benefician de una cobertura del 41.4% en cuidados para la primera infancia y de un 51.4% de población femenina con educación media superior, factores que facilitan de forma directa su inclusión y permanencia productiva.
Además, estos estados punteros logran mantener la pobreza laboral femenina en un nivel mucho más controlado del 21.6% y registran una tasa significativamente menor de delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, lo cual se traduce en un entorno de movilidad más seguro para el ejercicio de sus profesiones.
Ante este alarmante escenario de desigualdad, el IMCO enfatiza la urgencia de cambiar el rumbo de la política pública a nivel estatal. El organismo propone diseñar de forma inmediata hojas de ruta concretas para la construcción de sistemas de cuidados estatales, que pasen del simple diagnóstico a planes ejecutables que respondan a las capacidades y necesidades específicas de cada entidad.
También señala la necesidad de implementar permisos de paternidad más amplios tanto en el sector público como en el privado mediante esquemas de financiamiento compartido con las empresas, con la finalidad de repartir de manera equitativa la carga de las responsabilidades del hogar.
