CONTRASEÑAS
- Francisco Javier Carrión Cuéllar, víctima de “Cartel inmobiliario” en Coatepec.
- Eric Cisneros Burgos y el ex alcalde Raymundo Andrade Rivera, los operadores.
- El juez René Ortiz Sartorius, aliado de José Luis Monge Aldana, quien ha pretendido apoderarse del predio “María Sánchez”, en Coatepec.
Miguel Valera
A pesar del ofrecimiento que hizo la gobernadora Rocío Nahle García de “atender” las crecientes denuncias del llamado “Cartel inmobiliario” y la instrucción que dio a su secretario de Gobierno para que se aplicara en el tema, un nuevo caso aparece en el escenario público.
Se trata del intento de despojo del que ha sido objeto el ciudadano Francisco Javier Carrión Cuéllar, propietario legítimo de un predio en el municipio de Coatepec, que le fue heredado por su madre. El periplo legal, el ir y venir en juzgados, oficinas y despachos lo llevó a descubrir la operación de este “cartel inmobiliario” coordinado presuntamente por el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos (A) “Bola Ocho” y el ex alcalde Raymundo Andrade Rivera.
En el escenario aparecen ya muchos nombres y denuncias, destacando la participación del juez René Ortiz Sartorius, presunto aliado de José Luis Monge Aldana, quien ha pretendido apoderarse del predio “María Sánchez”, con superficie de 17 mil 988 metros cuadrados, ubicado en la esquina Noreste que forman las calles Riva Palacio e Ignacio López Rayón, en el municipio de Coatepec.
Dicho predio fue le fue heredado a Francisco Javier Carrión Cuéllar por su madre y así consta en el testamento que se inscribió en la Notaría 40 de Carlos Prieto Aceves en la Ciudad de México. Con todas las pruebas en mano, el afectado pide “de manera urgente que el Tribunal Superior de Justicia antes de que salga en dos semanas de vacaciones, la Sala Penal 1 de Coatepec, dé la audiencia de restitución del predio”.
La denuncia contra José Luis Monge Aldana y familia viene desde el 2022. En complicidad con las autoridades municipales que encabezó Raymundo Andrade Rivera, el predio fue utilizado para realizar campeonatos deportivos y como recinto ferial.
“Tengo la documentación, evidencia, que hay una colusión del juez René Ortiz Sartorius, de su auxiliar, administrativa, para bloquear la justicia, se ha dado usurpación de funciones de la auxiliar administrativa, porque no tiene facultades para negar audiencias de fondo; ella sólo puede dar fechas de cuándo se haría, porque ella sólo firma y Sartorius confirma, cuando yo solicito la recusación del juez por estar claramente apoyando a los Monge y ser imparcial en el juicio”, nos dice.
“El responde que él no negó las audiencias sino que la negó su auxiliar administrativa y él reitera que lo hace con sus facultades de acuerdo al artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica y si revisamos esa ley claramente no tiene facultades. Entonces, el mismo juez está incurriendo en la falta de no actuar y eso claramente es muy sospechoso porque está bloqueando a la justicia y negando, dos veces, la audiencia”.
“El jueves pasado la volví a solicitar. Primero la solicitó mi asesor legal, luego lo solicitó la persona que tiene la posesión derivada y yo como víctima, en apego al artículo 111 del Código Nacional que dice que es un derecho personalísimo y la Constitución en el Artículo 20 dice que las medidas cautelares y de protección a los individuos son de manera individual. Entonces el jueves la volví a presentar y pido, firmemente y enérgicamente al Tribunal Superior de Justicia que la Sala Primera, antes de salgan en 15 días de vacaciones, dé la audiencia y, además, que la dé favorablemente la restitución”.
“Lo fundamento claramente en que el Tribunal Superior de Justicia en la toca, ellos en su análisis dice que hay más de 27 pruebas en donde yo tengo la posesión y Blanca Vanesa González Olmos la posesión derivada”, asevera.
“También los Magistrados claramente en su resolución dicen que se superó por mucho lo que se necesitaba para vinculación a procesos que eliminó el Juez Sartorius, justificando en que absurdamente, porque viola el Código Penal, porque ese era un asunto civil, y que se tenía que dirimir de otra manera y luego también dice que no se da el despojo porque nada más despojaron 17 mil 600 metros y que no sacaron a la persona que vivía ahí de su hogar y con eso justifica supuestamente que no hay despojo lo cual es totalmente violatorio porque es un solo predio, tiene una sola toma de agua”.
“A Blanca Vanesa como están las denuncias que tampoco tomó en ninguna consideración el juez, amenazas, armas de fuego, corretearon con machete a la familia para sacarlos de ahí. Le han destruido su parte exterior de la casa para amedrentarla y amenazarla para que se retiren. Todo eso no lo consideró de ninguna manera el juez. Sólo se fue a que esto era civil y lo cual es violatorio porque el artículo que corresponde para los delitos de despojo dice
perfectamente que el despojo se da aun cuando la propiedad esté en disputa”.
Francisco Javier Carrión Cuéllar comenta que el operador de este fraude fue Edson Tejeda Corona, regidor del gobierno municipal que presidió Raymundo Andrade Rivera. Edson está casado con Elisa Monge, sobrina de José Luis Monge, quien casualmente se dedica a “luz y sonido” y fue quien explotó el predio para actividades recreativas.
Comenta el afectado que a través de una carta le informó de todos estos hechos al entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo caso omiso del hecho y permitió que se siguiera violentando la ley en ese predio.
—¿El cartel inmobiliario sigue vigente?
“Así es, y también le pido al secretario de Gobierno, a Ricardo Ahued, que intervenga en este tema. Esta es una cuestión de legalidad en el estado y de gobernabilidad. No puede seguir un cartel inmobiliario actuando de esta manera”, señala.
A la actual administración municipal que preside Jorge Ignacio Luna Hernández le ha pedido intervenir; sin embargo “lo que me dicen Jurídico y Comercio es que se llevaron todo el expediente”. Sin embargo, aclara el denunciante, todo el expediente lo tienen en su poder tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal Superior de Justicia.
Francisco Javier Carrión Cuéllar pide a la Fiscalía que ya judicialice la Carpeta. “Hay falsedad de declaraciones de los Monge ante el Juez. Hay fraude procesal, falsedad de declaraciones, manipulación de documentos para engañar a una autoridad judicial”, indica, mostrando en mano el testamento de su madre.
“Aquí está todo el tracto sucesivo que demuestra que el Cartel Inmobiliario está operando para despojar a personas con legítimas propiedad de sus predios. Entonces, insisto, tengo denunciada en la Contraloría del Tribunal de Justicia, a la licenciada Quetzalli Cárdenas Argüelles por negar las audiencias sin facultades, en obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Ella es Auxiliar administrativa de la Sala penal número 1 de Coatepec”.
Insiste: “ya quedo plenamente acreditada la posesión legítima y de buena fe del predio por las víctimas desde el 2006; la ocupación ilegal por los imputados desde el 17 de junio de 2018; la colocación de postes y malla ciclónica los días 7 y 11 de enero del año 2022, y la identidad del inmueble mediante dictamen pericial”.
“Tenemos documentado el saqueo del inmueble clausurado el 21 de enero del 2026; el 24 de febrero tenemos violación con acompañamiento de policía municipal de los sellos; luego tenemos trabajos no autorizados dentro del predio clausurado, el 1 de marzo de 2026”.
Todo está documentado. ¿Qué espera la autoridad judicial para actuar?
@MValeraH
