RESULTA Y RESALTA
Las cifras millonarias de la ASF, ¿auditoría o golpeteo político?
Alejandra Herrera
RESULTA que… todavía no terminaban de conocerse las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2025, cuando ya había quienes se apresuraban a utilizar las cifras millonarias para golpetear políticamente a la gobernadora Rocío Nahle García.
Y es que sus críticos se quedaron con los números más escandalosos, sin esperar las explicaciones que este martes ofreció el Gobierno de Veracruz; una cosa es cuestionar el manejo de los recursos públicos y otra muy distinta convertir observaciones pendientes de aclaración en supuestos desvíos de dinero.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la ASF observó inicialmente mil 592.6 millones de pesos al Gobierno estatal, pero durante el proceso de revisión se presentó documentación para atender mil 454.8 millones, equivalentes al 91.3 por ciento.
Es decir, permanecen tan sólo pendientes 137.8 millones de pesos, una cantidad que representa aproximadamente el 1.9 por ciento de los 7 mil 352.8 millones reportados para estados y municipios del país en esta segunda entrega de informes.
RESALTA que… la gobernadora Rocío Nahle García no dejó pasar el tema y durante su conferencia de prensa de este martes aclaró a los veracruzanos que las observaciones pendientes son reducidas, además de reiterar el compromiso de su administración para solventarlas dentro de los plazos establecidos.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, explicó que las dependencias involucradas cuentan con 30 días adicionales para presentar la documentación correspondiente, así que por ahora el procedimiento sigue abierto y no hay resultados definitivos de presunto desvío de recursos como muchos ya se adelantaron a especular.
De los 137.8 millones pendientes, 87.4 corresponden a los Servicios de Salud de Veracruz, 48.7 al sector educativo y 1.7 millones al Fondo de Aportaciones Múltiples, por cierto, sobre este último monto, Finanzas informó que el proveedor involucrado ya realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación y únicamente falta su validación formal.
En este sentido, se demuestra que existen procedimientos y plazos para presentar las aclaraciones necesarias.
La fiscalización existe precisamente para revisar cómo se ejercen los recursos públicos y exigir cuentas claras, pero lo que no resulta correcto es convertir anticipadamente una observación en una sentencia, porque una cosa es que la ASF solicite documentación y otra que se haya demostrado un desvío de recursos, pues para ello hay procedimientos, plazos y resoluciones que deben respetarse.
Al final, la administración de Rocío Nahle tendrá que continuar presentando la documentación correspondiente y será la ASF la que determine qué observaciones quedan solventadas.
Pero quienes se apresuraron a sacar conclusiones también tendrían que revisar las cifras completas, porque los mil 592 millones inicialmente observados no son los mismos 137.8 millones que permanecen pendientes.
Y es que en política se vale cuestionar, señalar y exigir cuentas, pero cuando se trata de recursos públicos, los números no deberían acomodarse según la conveniencia de cada quien, pues una cosa es fiscalizar al gobierno y otra utilizar la fiscalización como arma de golpeteo político.
