Maduro, ídolo de Cuitláhuac
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Hace tres días, el pasado viernes 16, la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó como Ministro de Industria al empresario Alex Saab, un multimillonario de origen colombiano acusado en México de lavar 156 millones de dólares a través de la reventa de despensas para programas sociales en la República Bolivariana.
Señalado de ser prestanombres de Nicolás Maduro, Saab estuvo encarcelado entre 2021 y 2023 en Estados Unidos por desvío de 350 millones de dólares en Venezuela. Hace casi tres años fue dejado en libertad mediante un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses que mantenía presos el régimen chavista. En 2024, Maduro lo integró a su gabinete.
Al caso de Saab estaría vinculado el ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien en octubre de 2023 participó en un encuentro de gobernadores morenistas del sureste mexicano con Maduro en Palenque, Chiapas. Desde el año pasado, el exmandatario veracruzano fue blindado políticamente al ser nombrado director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
Y es que a mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Saab, a quien el gobierno de Estados Unidos consideraba el principal testaferro de Maduro, bajo cuya protección realizó jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el ex priista Ignacio Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
Según una investigación de la reportera Verónica Ayala, para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, identificó entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estas empresas utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Sab y Samark López Bello, operadores financieros de Maduro.
Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares, para los llamados CLAP.
Ahora, la que ha tenido que apechugar los reclamos y presiones del gobierno estadounidense que preside Donald Trump es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además del nombramiento que se resistía a otorgar al ex gobernador Cuitláhuac García, tuvo que mantener también en su gabinete a chavistas incondicionales de Maduro, como Sady Arturo Loaiza Escalona, un ex funcionario venezolano que en 2021 fue contratado en la Subdirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, cuyo director Marx Arriaga Navarro acusó hace un mes que la actual conducción del sistema educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública, por lo que a través de su cuenta de X llamó a crear una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la SEP, así como a la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.
En su convocatoria, publicada la noche del 25 de diciembre, explicó que los comités operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos a los canales institucionales de la SEP.
“Se han heredado las viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo educativo neoliberal como lo son: la simulación, las cargas administrativas, el lucro con las capacitaciones, cuadernillos, materiales educativos, planeaciones, la coerción para negarle a la base magisterial su derecho a autonomía profesional y la más grave: operar las políticas de la COPARMEX, de la OCDE, de la UNESCO, del FMI, del BM, en la formación de una ciudadanía sumisa al sistema de consumo neoliberal con el dominio de las competencias básicas según las necesidades empresariales”, señalaba la publicación.
“Continúa la tendencia a la privatización del Sistema Educativo Nacional al permitir los REVOE’s para la instalación de más escuelas privadas sin una regulación de: las colegiaturas, los materiales educativos que solicitan, los uniformes, los salarios docentes, las prestaciones que dan a su base magisterial”.
Arriaga indicó que todo esto contradice los principios de la Nueva Escuela Mexicana impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que dicho modelo ya está en vigor.
NAHLE: MANO FIRME… ¿SÓLO EN LA UPAV?
Por obvia indicación de la gobernadora Rocío Nahle, la Fiscalía General del Estado procedió a la diligente detención de un ex rector y dos funcionarios administrativos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), a los que se les imputa un presunto desvío millonario.
La misma celeridad se esperaría del órgano autónomo encargado de la procuración de justicia en contra de otros funcionarios de la administración actual y de ex secretarios del sexenio anterior que incurrieron en actos ilícitos y saquearon las arcas estatales, los cuales siguen disfrutando campechanamente hasta hoy de su riqueza mal habida en total impunidad.
Por cierto, ya que andan persiguiendo la corrupción en la Secretaría de Educación de Veracruz, ¿la Fiscalía desempolvará la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales que integró la ex titular Marcela Aguilera por probables actos de corrupción en contra de un Subsecretario actual de la SEV, quien el sexenio pasado, como director del Registro Público de la Propiedad, fue implicado en la falsificación de documentos mediante los cuales se legalizaba el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiando a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos?
Si Nahle se atreve a dar luz verde a su Fiscalía para que proceda parejo, seguramente la gobernadora seguirá subiendo en las encuestas que actualmente ya la ubican entre las primeras cinco mandatarias estatales del país con mayor aceptación popular.
