Juan David Castilla
El ingreso de menores de edad al sistema de justicia penal en el estado de Veracruz ha dejado de ser una situación aislada para convertirse en un síntoma de problemas estructurales profundos.
De acuerdo con especialistas en seguridad, durante el último año se ha observado un incremento en la participación de adolescentes en actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado, quienes aprovechan la vulnerabilidad social y el marco legal «benévolo» para utilizarlos como «halcones» o sicarios.
El «modus operandi» de los grupos delictivos, como células remanentes de diversas organizaciones criminales con presencia en la entidad, se enfoca en zonas marginados y rurales.
El especialista David Saucedo señala que el reclutamiento ocurre a menudo en espacios públicos o áreas deportivas, donde jóvenes son coaccionados para integrarse a las filas de la delincuencia.
A nivel nacional, se estima que el 82% de los adolescentes detenidos ya trabajaban antes de su captura, muchos en condiciones de extrema precariedad, lo que, sumado a la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias, crea un entorno propicio para el desarrollo de conductas delictivas en el 60% de los casos.
A pesar del panorama nacional, el estado de Veracruz se mantiene con tasas de adolescentes imputados menores a las registradas en el norte del país. No obstante, las cifras oficiales al inicio de 2026 son motivo de alerta, pues en la entidad se contabiliza un promedio de 145 a 160 menores bajo procesos judiciales anuales.
El robo y el narcomenudeo siguen siendo los principales motivos de detención, pero también preocupa el incremento del 20.6% en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre 2024 y 2026.
Luz María Reyes, activista y defensora de derechos, advirtió que las redes sociales se han convertido en una herramienta peligrosa de contacto entre adultos y menores para involucrarlos en actividades criminales.
Este fenómeno coloca a los adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que el crimen organizado se aprovecha de que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece penas máximas reducidas: no más de cinco años para jóvenes de 16 a 17 años, y hasta tres años para quienes tienen entre 14 y 15 años.
