Reclaman voz en el destino del Arrecife Veracruzano por ampliación portuaria

Juan David Castilla

Organizaciones civiles y especialistas denunciaron que tanto el Gobierno de México como la Misión Ramsar de Asesoramiento omitieron garantizar una participación abierta e inclusiva de la sociedad veracruzana durante su reciente visita para evaluar el impacto de la ampliación portuaria.

Ante este cierre de espacios, se conformó la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (MIDE-SAV) como un ejercicio independiente para visibilizar las voces ignoradas.

Integrada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Territorios Diversos para la Vida, la MIDE-SAV realizó recorridos y conversatorios del 2 al 4 de mayo con académicos, colectivos y usuarios del Parque Nacional.

El objetivo fue documentar las afectaciones que el proyecto portuario genera sobre el derecho a un medio ambiente sano, las cuales no han sido integradas en los procesos de decisión oficiales.

La misión independiente analizó el estado de cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A pesar de que el fallo judicial menciona la palabra “participación” en 18 ocasiones y que México es parte del Acuerdo de Escazú, los activistas señalaron que no se ha abierto un solo espacio de diálogo real para las comunidades afectadas.

«El gobierno vive en un mundo político de buena imagen, pero nosotros vivimos la realidad del ecosistema», señalaron participantes, enfatizando que la evaluación ambiental de 2022 sigue siendo fragmentada e ignora factores críticos como el cambio climático y el impacto en el Archipiélago de Lagunas Interdunarias.

Entre los hallazgos más relevantes de la MIDE-SAV se encuentran el desplazamiento de actividades turísticas y deportivas en espacios públicos, así como un preocupante desbalance de sedimentos que está provocando la pérdida de playas en comunidades al sur del Sistema Arrecifal.

Como resultado de este ejercicio, las organizaciones elaborarán un “informe sombra” que será entregado a instancias internacionales y a la propia Convención Ramsar.

Hicieron un llamado a las autoridades para cumplir de manera integral la sentencia de la SCJN y garantizar mecanismos de participación que incluyan a quienes realmente dependen del arrecife para su subsistencia.