Carpe Diem
Manolo Victorio
La interminable historia de alcaldes en malos pasos
La historia de la política veracruzana nos trae un episodio más de esta trama interminable de funcionarios de elección popular que llevaron al poder con el ropaje de la honestidad y que ahora, siete meses después de rendir protesta, sus ligas con grupos delincuenciales, los desnudan.
La política veracruzana vuelve a enfrentarse a uno de sus fantasmas recurrentes: la presunta infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales.
Apenas han transcurrido siete meses del encargo cuatrienal y ya dos alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano enfrentan procedimientos de declaración de procedencia solicitados por la Fiscalía General del Estado ante el Congreso local.
Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, es investigado por la abogada de los veracruzanos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por su presunta participación intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido a plena luz del día —con video profusamente difundido que enmarca la impunidad total contra el ejercicio periodístico— el martes 2 de junio del año corriente, cuando un comando armado se metió a marrazo limpio a la casa de la comunicadora y se la llevó.
Norberto (Bertín) Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, enfrenta un procedimiento por su presunta vinculación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramón Sánchez y de su escolta Ignacio López.
Las cámaras de videovigilancia confirmaron el ingreso de las víctimas a la residencia del edil emecista en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, también hay registros telefónicos señalan que permanecieron allí casi tres horas. El empresario envió un mensaje a su pareja diciendo: «sigo en casa de Bertín… ya casi me voy amor», pero nunca se les vio salir del inmueble (La Silla Rota).
La excitativa para iniciar un juicio de procedencia está en la Comisión Instructora del Congreso local que preside el morenista Facundo Fernández de la Cruz y que tiene como secretario al petista Ramón Díaz Ávila y como vocal al morenista Felipe Pineda Barradas, quienes deberán recoger, en sesión abierta, al menos 34 votos mínimos necesarios para retirarles el fuero a los dos alcaldes opositores.
Ya sin el ropaje de la inmunidad legal, ambos alcaldes deberán enfrentar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado, esgrimiendo el escudo de la presunción general de inocencia… hasta que la FGE les demuestre lo contrario con el argumento de la prueba.
La narrativa oficial encarriló a los dos presidentes municipales a la barandilla de los acusados, empapelándolos en la percepción de culpabilidad.
La gobernadora desmontó hace unos días la versión propalada por el Movimiento Ciudadano, cuya dirigencia trata de vender el argumento que los alcaldes son perseguidos judicialmente porque se negaron a unirse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional.
Nunca hubo tal invitación a cambiarse de bando, reiteró Nahle.
El affaire judicial de estos dos alcaldes emecistas, sólo es un recicle de la historia política del estado veracruzano, plagada de personajes que han salido a la luz publica en el ejercicio del poder emanado de las urnas con un pasado oscuro y vergonzante, judicializable en términos de la moral y la justicia.
Veracruz no padece una crisis de alcaldes. Padece una crisis de filtros. De selección. De partidos que prefieren candidatos rentables antes que honorables, aspirantes que son entronizados en el poder cuatrienal como meros instrumentos de la expansión legal de los negocios que antes se hacían en lo oscurito.
Los 212 municipios constituyen la primera línea del entramado administrativo del estado veracruzano. En el municipio comienza el gobierno, pero también, cuando las instituciones se debilitan, ahí empieza la captura del poder por intereses criminales.
Durante la campaña municipal de 2025, la gobernadora Rocío Nahle lanzó una advertencia que muchos desestimaron como discurso político: había candidatos con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La narrativa empieza a cristalizarse con hechos concretos, al menos en la tarea del legislador que deberá desarropar del fuero a dos alcaldes cuya suerte se someterá al imperio de la ley penal en las próximas semanas.
Veracruz parece condenado a recorrer el mismo camino sexenio tras sexenio, elección tras elección y administración tras administración. Cambian los colores de los partidos, cambian los nombres de los gobernadores, cambian los discursos de campaña, pero hay una constante que se niega a desaparecer: la sospecha de que el crimen organizado ha encontrado en los ayuntamientos el eslabón más débil de las instituciones públicas.
No es casualidad. Los municipios son el primer contacto entre el ciudadano y el Estado. Las historias pueblan las hemerotecas digitales respecto a la administración por parte del crimen que mudó del poder fáctico al institucional, de policías, permisos, obras, desarrollo urbano, comercio, servicios públicos y, en muchos casos, el control político de regiones enteras.
Quien domina un ayuntamiento no solamente controla un presupuesto; controla territorio, influencia y capacidad de operación. Por eso los grupos criminales han entendido desde hace muchos años que la disputa ya no pasa únicamente por las plazas, sino también por las presidencias municipales.
Durante la campaña electoral de 2025, la hoy gobernadora Rocío Nahle lanzó una advertencia que fue recibida con el escepticismo propio de toda contienda política. Aseguró que varios candidatos municipales tenían presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada y señaló particularmente que Movimiento Ciudadano había postulado perfiles que representaban un riesgo para Veracruz. Sus adversarios calificaron aquellas declaraciones como estrategia electoral. Otros las minimizaron como parte del intercambio de acusaciones que suele acompañar cualquier proceso democrático.
Ahí está en la hemeroteca la guerra declarativa entre la hoy gobernadora de Veracruz y el dirigente nacional del MC, Jorge Álvarez Máynez.
Parece que el tiempo le da la razón a Nahle.
Hoy, apenas transcurridos siete meses del inicio de las administraciones municipales, la realidad ha comenzado a darle un contexto distinto a aquellas palabras.
Lo verdaderamente preocupante es el patrón que se repite una y otra vez en Veracruz. Antes de cada elección aparecen denuncias sobre candidatos cuestionados; durante las campañas proliferan amenazas, atentados y asesinatos; después llegan las investigaciones ministeriales, las solicitudes de desafuero y, finalmente, los procesos penales contra alcaldes en funciones o recién electos. Es un círculo perverso que parece formar parte de la normalidad política veracruzana.
La elección municipal de 2025 fue una de las más violentas de los últimos años. Decenas de aspirantes solicitaron protección oficial. Hubo ataques armados, homicidios de candidatos y municipios considerados de alto riesgo por la presencia de organizaciones criminales. El despliegue de fuerzas federales y estatales fue extraordinario, precisamente porque las autoridades reconocían que existía una disputa territorial que trascendía la competencia entre partidos políticos.
Cuando la violencia decide quién puede hacer campaña, cuando el miedo condiciona la participación ciudadana y cuando la Fiscalía termina investigando a quienes apenas comienzan a gobernar, el problema deja de ser exclusivamente judicial. Se convierte en una crisis de representación democrática.
La responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes hoy enfrentan investigaciones.
Los partidos políticos tienen una obligación que con demasiada frecuencia olvidan: seleccionar candidatos idóneos. Conocen las trayectorias personales, las relaciones políticas, los antecedentes públicos y, muchas veces, los expedientes que rodean a quienes postulan. Si aun así los convierten en candidatos porque garantizan votos, estructuras territoriales o recursos económicos, entonces la responsabilidad es compartida.
No basta con deslindarse cuando estalla un escándalo. Tampoco basta expulsar a un militante una vez que aparece una carpeta de investigación. La depuración debe ocurrir antes de la elección, no después de que el ciudadano depositó su confianza en las urnas.
La infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales no siempre ocurre mediante la elección directa de delincuentes. A veces basta con colocar autoridades vulnerables, dependientes, endeudadas políticamente o incapaces de resistir la presión de quienes controlan regiones completas del estado. Esa es precisamente la sofisticación del fenómeno: no siempre necesita alcaldes criminales; le bastan alcaldes sometidos.
Los 212 municipios de Veracruz presentan realidades profundamente distintas. No todos enfrentan la misma problemática ni todos los presidentes municipales pueden ser colocados bajo sospecha. Sería irresponsable afirmarlo. Existen ayuntamientos que trabajan con honestidad, servidores públicos comprometidos y comunidades que han resistido la presión de la violencia. Pero también sería ingenuo negar que existen regiones donde la frontera entre la política y la delincuencia organizada se ha vuelto peligrosamente difusa.
Ese es el verdadero desafío para el gobierno estatal.
Si las advertencias formuladas durante la campaña electoral estaban sustentadas en información de inteligencia, entonces corresponde actuar con firmeza y dentro del marco de la ley. Si, por el contrario, fueron simples señalamientos políticos, la justicia tendrá que demostrarlo. En cualquiera de los dos escenarios, lo único inaceptable sería permitir que las investigaciones se conviertan en instrumentos de revancha política o, peor aún, que los expedientes se congelen por conveniencias partidistas.
La ciudadanía está cansada de observar cómo los escándalos sustituyen al gobierno. Mientras las comunidades esperan agua potable, caminos, seguridad, alumbrado, drenaje y empleo, buena parte de la discusión pública termina concentrada en desafueros, órdenes de aprehensión, desapariciones, homicidios y presuntos vínculos criminales.
No puede ser esa la agenda permanente de Veracruz.
La democracia municipal no puede seguir siendo la puerta de entrada para intereses ilegales. Tampoco puede convertirse en un laboratorio donde los partidos experimenten con candidatos cuya única fortaleza consiste en controlar estructuras territoriales construidas al margen de la ley.
La justicia deberá pronunciarse sobre Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero. Los jueces dirán si existen pruebas suficientes para condenarlos o absolverlos. Esa responsabilidad corresponde exclusivamente a los tribunales.
Pero el juicio político ya comenzó. Y ese juicio no es únicamente contra dos alcaldes.
Es contra los partidos que los postularon.
Es contra los mecanismos de selección que fallaron.
Es contra las instituciones incapaces de detectar a tiempo perfiles de riesgo.
Y es, sobre todo, contra una cultura política que durante demasiado tiempo aceptó como inevitable que cada elección municipal terminara produciendo nuevos expedientes judiciales.
Veracruz merece alcaldes que inauguren escuelas, hospitales, carreteras y obras hidráulicas, no presidentes municipales que inauguren carpetas de investigación. Merece campañas donde la noticia sea el debate de ideas y no el conteo de candidatos asesinados o alcaldes encarcelados. Merece gobiernos que administren recursos públicos, no sospechas.
Mientras eso no ocurra, la democracia seguirá llegando puntual a las urnas… pero la justicia continuará llegando, tarde o temprano, a los palacios municipales.
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